investigacion sobre el cumplimiento del derecho a la educacion.

En Guatemala se realizo una asamblea Americana,con la certeza de que el derecho a la educacion de calidad y liberadora es clave para la construccion de una sociedad en la que se respete los derechos humanos y el medio ambiente, la justicia social y se propicie la igualdad y la soberanía de los pueblos. Esta asamblea se ha realizado con un contexto de crisis financera originada por EE.UU. La concentración de la riqueza está acompañada del aumento de la violencia, la migración y el desempleo .Los estadoslatinoamericanos  no priorizan la educación aunque esta tenga una demana persistente  en sus pueblos.

Estos sistemas educativos se caracterizan por la exclusión social y la discriminacion subyace en distintas formas: la desigualdad afecta principalmente a las personas y familias migrantes y en situación de desplazamiento; a personas y familias pobres y en extrema pobreza; a los pueblos indígenas y afro descendientes; a mujeres; a discapacitados; a niños y niñas que trabajan; a personas discriminadas por su orientación sexual y a los más pequeños.

El sistema educativo en Latinoamerica no es gratuito y afecta a las familias pobres y marginadas aunque los Estados la garanticen en sus legislaciones. Las brechas educativas provocan que menos de la mitad de jóvenes logren acceder a la educación secundaria en este sentido creemos que los jovenes en sujeto  luchan por sus derechos de educacion, la educacion a lo largo de la vida no se puede traducir con políticas y practicas educativas en el continente.

En la sexta conferencia internacional de los adultos fue un momento para discutir las politicas y practicas educativas.

Subrayamos algunos avances importantes en materia de procesos de aprobación de leyes y documentos normativos de orientación más progresista en beneficio de la educación, que contaron con amplia participación social: es el caso del Ecuador (Constitución), de la Argentina (Ley Nacional de Educación No. 26.206), del Uruguay (Ley General de Educación, en discusión en el Parlamento), de Honduras (Ley de Educación presentada al Congreso), de Nicaragua (nueva Ley General de Educación que consagra a la educación como un derecho humano). En el Perú, reconocemos la importancia de haberse oficializado el Proyecto Educativo Nacional 2007-2021, y en Chile, valoramos el rol de los movimientos estudiantiles y de las organizaciones del magisterio, que vienen luchando por una mayor discusión de la Ley General de Educación, presentada ante el Senado de la Nación. Así como la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación y sociedad civil brasileña que consiguieron se aprobara la Ley do Piso Nacional por lo que los docentes en todo el país no deben ganar menos de R$ 950. Esta Asamblea aboga porque este conjunto de revindicaciones sea atendido y valora la participación social por su contribución a la democracia de nuestros países. hecho por marta
En Colombia: las reformas de de la educacion han ido mas lejos
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información:

De la libertad de enseñanza al derecho a la educación: Los derechos educativos en la Constitución Española
Escrito por Alfonso Fernández-Miranda, Alfonso Fernández-Miranda y Campoamor, Centro de Estudios Ramón Areces (Spain)
Edition: illustrated
Publicado por Editorial Ramón Areces, 166 páginas.
hecho por: laura y silvia
El derecho de los padres a elegir la educación en libertad
ANCEE, CECE, CES, CODE, COFAPA, CONCAPA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN, FERE-CECA, FSIE Y USO han hecho público el día 8 de junio un acuerdo por la educación y libertad por el que se comprometen a defender de manera conjunta el derecho de los padres a elegir en libertad la educación que deseen para sus hijos.

Los presidentes de las organizaciones firmantes (entre los que se encontraba José Luis Fernández Santillana, secretario general de la federación de Enseñanza de USO) representantes de los distintos miembros de la comunidad educativa (profesores, padres, centros educativos, sindicatos, estudiantes, etc.) han dado a conocer el documento titulado “El derecho de los padres a elegir la educación en libertad”, que recoge los principios básicos que fundamentan el derecho constitucional a la educación. El documento explica, en primer lugar, en qué consiste el derecho de los padres a elegir, que posee dos vertientes inseparables: “Es un derecho-prestación que legitima para recibir enseñanza, que es su objeto propio” y es un “derecho-libertad, que obliga a respetar la diversidad de los ciudadanos y la libertad de los padres a elegir escuelas distintas a las creadas por los entes públicos”. El derecho a la educación sólo se satisface plena y propiamente cuando se cubren esas dos vertientes. De ahí que todas estas organizaciones afirmen que “la educación no es un servicio público sino un servicio de interés general, que debe ser garantizado por las autoridades y que exige una oferta escolar plural. La enseñanza pública y la privada son complementarias, ambas imprescindibles para la libertad de enseñanza. Mientras más variadas sean las escuelas, más se perfecciona el derecho a elegir”.

El papel de los poderes públicos

Estas organizaciones afirman en el documento que “los poderes públicos no tienen el derecho a educar a los ciudadanos porque ese derecho corresponde ante todo a los padres, a quienes se ha de asegurar la libertad de decidir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos, sin más límites que los impuestos por el ordenamiento constitucional: el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

El derecho a la educación en la Constitución

El documento explica también los contenidos que se derivan de la libertad de enseñanza que reconoce nuestra Carta Magna:

  • el derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos;
  • el derecho de los padres a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios, tanto en primaria como en secundaria;
  • el derecho de los padres a elegir centro docente, ya sea público o privado;
  • el derecho de los centros privados a recibir fondos públicos, cuando reúnen los requisitos establecidos por la ley; el derecho a crear y dirigir centros educativos y, finalmente,
  • el derecho a definir el carácter propio o ideario de los centros privados, que se extiende a los aspectos pedagógicos y organizativos, no sólo a los morales y religiosos.

Derecho a la educación y gratuidad

Por otra parte, el documento explica que el derecho a la gratuidad es también un derecho constitucional de los padres, con independencia del tipo de educación que éstos elijan, siempre que los centros cumplan los requisitos establecidos por la ley. Ello no significa, sin embargo, que los centros privados deban someterse a un sistema que los asimile a los públicos.

La enseñanza religiosa

El documento se refiere también a la aconfesionalidad del Estado, que le obliga “a mantenerse neutral ante las opciones religiosas o agnósticas de los ciudadanos”. Eso implica que el Estado no puede obligar a que las convicciones de las familias queden fuera de la escuela. El Estado tiene la obligación de “hacer posible la existencia de centros que respondan al pluralismo de los ciudadanos”, sin imponer ninguna ideología ni manipular la libertad.

Pluralismo de la oferta educativa y variedad de modelos educativos

El derecho a elegir implica, además, “la libertad de crear escuelas y de dirigirlas con autonomía”, lo que contribuye a un verdadero “pluralismo escolar que protege a cada persona y a la familia de un excesivo intervencionismo del Estado”. Estas organizaciones consideran que, “en el caso de la escuela privada, el marco de referencia para la libre elección de los padres es el carácter propio del centro, que el titular garantiza como proyecto educativo coherente que compromete a cuantos forman la comunidad educativa”. Pero también aseguran que “la escuela pública debería gozar de amplia autonomía para ofrecer también un proyecto docente plural a los padres”. La natural diversidad, por tanto, no puede ser atendida adecuadamente con un modelo único de enseñanza, ni sería legítimo imponerlo.

La sociedad en la gestión de la educación

El documento El derecho de los padres a elegir la educación en libertad se refiere también al papel de la iniciativa social, pues la experiencia de los países más avanzados muestra que “la gestión del sistema educativo es demasiado compleja como para que pueda ser asumida en exclusiva por las autoridades públicas”. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, las organizaciones que lo han presentado explican que las Administraciones educativas deben respetar la iniciativa social, lo que contribuirá, por otra parte, a aliviar la sobrecarga de las Administraciones, que así estarán “en mejores condiciones para proteger y respetar las libertades individuales, para mejorar los centros públicos y para atender aquellas necesidades a las que no llegue la iniciativa social”.

Mejorar la calidad y eficacia del sistema

Por último, y con el fin de dotar al sistema educativo de mayor eficacia, estas organizaciones solicitan que se satisfagan las siguientes exigencias:

  • Hacer posible la libertad real de elegir centro y lograr que los padres se involucren en la formación de sus hijos.
  • Revalorizar la consideración social y económica de los profesores
  • Reforzar la autonomía de los centros educativos, tanto públicos como privados
  • Asegurar una educación personalizada que atienda a la diversidad de los alumnos

Las organizaciones firmantes de este acuerdo por la educación y la libertad insisten en que el modelo único de enseñanza que propugna una educación pública “está anclado en el pasado y es regresivo”, pues la sociedad se mueve hacia un creciente pluralismo ideológico y cultural que el Estado ha de respetar.

Hecho por laura y silvia.

Publicada on enero 20, 2009 at 8:03 am  Dejar un comentario  

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